1. Integración regional y temas sociales: desafíos al movimiento sindical

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1. Integración regional y temas sociales: desafíos al movimiento sindical

En toda la primera fase que preparó los acuerdos de integración regional, los gobiernos no tuvieron ninguna preocupación de contemplar los temas sociales en la agenda oficial del proceso de constitución del Mercosur. En el art. 1º del Tratado de Asunción (1991), donde los cuatro países definieron la constitución del Mercado Comum do Sul, no hay menciones a la dimensión social. Allí, la integración es vista puramente en sus aspectos comerciales y de coordinación de políticas macroeconómicas.

Después, con las dificultades para avanzarse rumbo a un verdadero "mercado común", y pasando de un "área de libre comércio" hacia una "unión aduanera (imperfecta)" [ Se considera "area de libre comércio" a la circulación de bienes sin impuestos de importación entre los cuatro países. La "unión aduanera" se refeire a las medidas que buscan armonizar las políticas comerciales del Mercosur en relación a los países extra-bloque (ejemplo, la TEC - "Tarifa Externa Común"). Ya el "mercado común" sería un marco en el que habría libre circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra entre los países miembros, lo que presupone una armonización legislativa en las cuestiones laborales y de la previsión social [Averbug, 1998]] , el discurso oficial frecuentemente esgrimió que en esas fases, ya que (aún) no se trataba de una integración plena, el tratamiento regional de los temas sociales no tenía razón de ser. Solo una integración a la Unión Europea obligaría a tratar las políticas sociales y laborales en profundidad, etc.

Fueron la presión del movimento sindical - particularmente, de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cone Sur (CCSCS) - y la fuerza de los hechos que obligaron a introducir, aunque timidamente, los temas sociales en la agenda del Mercosur. La constitución del Sub-Grupo de Trabajo (SGT) 11 - después SGT10 de "Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social" - para tratar de las cuestiones relativas a las relaciones de trabajo, empleo, previsión social, formación profesional etc., con participación tripartita, fue el punto de partida - aún cuando la participación sindical tuviera carácter meramente "consultivo" [ Es verdad que la participación de las organizaciones empresariales acontece con ese mismo caracter consultivo. Pero el hecho es que los empresarios tienen otros espacios "informales" para negociar políticas públicas con los gobiernos que los sindicatos no tienen y que quieren tener.] . Sin embargo, a lo largo de varios años, los debates en ese espacio no llenaron minimamente las expectivativas del movimiento sindical. Y de entrada se verificó que mientras las centrales sindicales discutian los temas sociales y laborales desde una perspectiva de garantía de "derechos", los empresarios (muchas veces acompañados por los gobiernos) lo hacían desde una estrategia de reducción de "costos" [Campero, 1999; Castro e Warchendorfer, 1998].

Paralelamente, cambió el escenario político en nuestros países. Al inicio de la década, el discurso oficial neoliberal pretendía reducir el funcionamiento de las sociedades a la lógica económica de la estabilización de las moedas; todo el "resto" (empleo, bienestar social etc.) vendría como resultado del fin de la inflación y de la inplantación de reformas con el objetivo de eliminar la herencia nacional-desarrollista y "libertar" el mercado. Vencida la inflación y desmontado el Estado, se verificó, sin embargo, que el mercado no resuelve problemas sociales, al contrario, los crea. Así, en cada uno de los países, volvió a colocarse la necesidad de sintonizar la política econõmica con las aspiraciones

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de la sociedad. En ese nuevo escenario, el Mercosur ya estaba fuertemente inserto en las estrategias econõmicas de los gobiernos de la región.

Pero, los resultados de todo ese proceso son frágiles. El SGT10 tiene un peso secundario para los gobiernos y en la propia estructura de poder del Mercosur. La agenda comercial y económica de interés del gran capital continua dominando los debates. Aún así, podemos afirmar que hubo avances. Los más recientes e importantes fueron la Declaración Socio-Laboral del Mercosur y la constitución de la Comisión Socio-Laboral Regional para cuidar de su aplicación [CCSCS e OIT, 1999].

En este texto, trataremos de otra iniciativa que apunta para una profundización del debate de las cuestiones sociales y laborales en el Mercosur, el Observatorio del Mercado de Trabajo, que está en fase de implantación. Es parte de los avances institucionales conseguidos para hacer reconocer la dimensión social del proceso de integración regional; tiene, a semejanza de otros avances en esa área, fragilidades que deben ser compensadas y posibilidades que deben ser trabajadas y estimuladas por las Centrales Sindicales. Se trata de un espacio de actuación que el movimiento sindical regional debe debatir sobre como incorporarlo a su estrategia de intervención, para lo cual es necesario conocer su diseño institucional, sus objetivos y el plan de trabajo aprobado, así como tener un diagnóstico de su "objeto", es decir, de la situación del empleo en los países del Mercosur.