La consolidación del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial en todos países occidentales altamente industrializados se debe al hecho que se había entrado en una síntesis exitosa con un programa socio-político de formar una sociedad próspera integrada. Se lograba a controlar las tendencias polarizantes que habían caracterizado el desarrollo del capitalismo desde los comienzos de la revolución industrial y que habían dado origen a las crisis cada vez más profundas de las sociedades capitalistas y al proyecto socialista como antítesis fundamental al capitalismo. Al fín de la guerra de 1939-45 no cabía duda en la opinión pública y la clase política de casi todas las afiliaciones ideológicas de que habría que o superar al capitalismo o „civilizarlo".

Los proyectos de un „capitalismo civilizado" que finalmente prevalecían en todos los países occidentales avanzados utilizaron una gran cantidad de mecanismos más o menos pragmáticos de caracter aditivo. La reflexión teórica de la nueva realidad se encuentra en conceptos como el de la economía mixta, del Estado de bienestar, de la democracia social o el arreglo entre las clases. Como voy a señalar más abajo, hay también una interpretación que ve un conjunto decisivo de factores interdependientes aunque no necesariamente intencionadas.

El concepto teórico que más explícitamente formula el objetivo político de la „prosperidad para todos" dentro de un sistema económico esencialmente capitalista es el de la economía social del mercado. "Economía social de mercado" - este concepto se aplica, en el sentido estricto, al modelo de orden económico, explícitamente elaborado, que le sirvió al primer gobierno de la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como pauta para encauzar su política económica. Su configuración teórica se relaciona ante todo con los nombres de Walter Eucken y Alfred Müller-Armack, y su implementación política con el de Ludwig Erhard. Los lineamientos básicos esenciales del modelo caracterizan la constitución económica de la mayoría de las naciones industrializadas de Occidente, aun cuando no necesariamente su reflexión teórico ideológica.

El proyecto de la economía social de mercado se basa en la convicción de que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo) constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la maxima libertad política. Según ésto, es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado. Ésto significa, antes que nada, que el Estado le confiere al mercado un margen de acción suficiente y que por principio no interfiere en el "juego" de la oferta y de la demanda. La decisión en favor de un régimen de economía de mercado implica, por lo tanto, de manera esencial una limitación del Estado. Sin embargo, el concepto también compromete al Estado a intervenir activamente en el mercado cada vez que allí se configuren constelaciones de poder - formalmente inobjetables - que afecten seriamente la competencia. Porque es la competencia de la cual depende la eficiencia superior del mercado en la generación de bienestar social. Monopolios y cárteles anulan esta eficiencia, independientemente de que se presenten del lado de la oferta o de la demanda. Será tarea del Estado impedir que éstos se produzcan o hacerlos desaparecer en caso dado. Ésto requiere de un Estado suficientemente fuerte para poder actuar en contra de los que tienen poder económico.

Ahora bién, el concepto de la economía social de mercado reconoce explícitamente que ni siquiera un mercado altamente eficiente satisface todas las necesidades de una sociedad. Es por ello que no sólo le atribuye al Estado el derecho, sino incluso la obligación de intervenir activamente dondequiera que se produzca un menoscabo de intereses sociales legítimos. Esta obligación de intervenir abarca tres aspectos: restricción de la libertad del mercado, compensación de fallas del mercado, corrección de resultados generados por el mercado.

Probablemente la aportación más destacada que los padres de la economía social de mercado hicieron al pensamiento político-económico consiste en la clara delimitación que marcaron entre la economía de mercado como conjunto de instrumentos organizativos por un lado, y el objetivo de una sociedad "justa", concebida de manera independiente de aquel, por el otro. De modo expreso, no dejaron librada enteramente a los mecanismos del mercado la distribucion del bienestar social. Bien por el contrario, impusieron la vigilancia permanente y, eventualmente, la corrección de los efectos distributivos del mercado con miras a alcanzar mejor el objetivo distributivo, el cual en sí es independiente del mercado. Mientras que el mercado en principio siempre tiene la razón cuando se trata de la asignación de recursos, incluyendo el factor trabajo, ésto no es igualmente válido con respecto a la asignación definitiva de derechos de consumo. Si el mercado concede un ingreso muy por debajo del promedio a determinados actores, la concepción de la economía social de mercado no se da por satisfecha con estas circunstancias, sino las considera motivo para una corrección estatal.

Claro está que los padres de la economía social de mercado no tenían en mente una gigantesca maquinaria estatal de redistribución. Según sus ideas, en lo esencial el propio mercado eficiente debía asegurar una distribucion aceptable. La competencia tenía la funcion de "socializar" utilidades excesivas en beneficio de la gran masa de consumidores. Por lo tanto el mercado era considerado como una fuerza igualadora y no polarizadora. La fuente más importante de una creciente desigualdad se detectó más bién en la concentración de patrimonio. Por tal razón, el modelo le asigna al Estado la tarea de procurar una distribución lo más amplia posible del patrimonio. Pero dado que la expropiación de patrimonio existente es inadmisible, este mandato, expresado en terminos no muy precisos, sólo se podra satisfacer a través de la generacion adicional de riqueza en la sociedad. Una parte de los ingresos corrientes de amplios estratos de la población debe emplearse para generar patrimonio. El Estado puede, mediante incentivos, estimular este proceso e incluso imponerlo por ley, dentro de ciertos limites. En conjunto, no obstante, no se puede pasar por alto que la concepción de la economía social de mercado considera la concentración realmente existente de riqueza como una contrariedad lamentable, pero en gran medida inevitable y tambien tolerable.

Una necesidad más aguda de corrección existe, según este concepto, en el peligro que el individuo queda totalmente desprotegido a merced de riesgos típicos de la vida, tales como vejez, enfermedad, ausencia del sostén de la familia. Son estos riesgos que el concepto considera la fuente principal de un despojo material inaceptable. A ellos se añade el riesgo del desempleo, el cual dentro del concepto de un mercado laboral eficiente ciertamente sólo tiene cabida como un fenómeno ocasional y de duración limitada. La previsión contra los riesgos indicados representa una tarea importante del Estado en la economía social de mercado. Para ello, sin embargo, no se requiere, en mayor medida, de una redistribución desde los ricos hacia los pobres o desde los empresarios hacia los trabajadores, sino simplemente de una dispersión de los riesgos segun el principio de un sistema de seguro: todos los asegurados aportan una cuota y los afectados por el "siniestro" reciben una ayuda del seguro en proporcion con las cotizaciones regularmente aportadas por ellos. Los seguros de desempleo y de jubilación pueden operar así, y efectivamente en la mayoría de los casos funcionan según este principio (las aportaciones patronales al seguro social no son, en última instancia, otra cosa que una parte especificamente señalada de la remuneración).

No obstante, el principio del seguro por sí solo no basta para cubrir el riesgo vital de la enfermedad, ya que en este caso no se trata primordialmente de asegurar un ingreso, sino de cubrir gastos adicionales. Para garantizar el derecho social fundamental a la salud hace falta un sistema que otorgue sus prestaciones no en función de las cotizaciones (que dependen del ingreso), sino en función de la necesidad (derivada de la enfermedad), es decir, un sistema que subsidie los gastos por enfermedad de los más pobres con las cuotas de los más ricos. En este sentido, el seguro de enfermedad representa uno de los tres aspectos centrales de la redistribución que le corresponde organizar al Estado en la economía social de mercado.

Otro aspecto central consiste en separar determinados rubros del consumo del sistema general de asignación por el mercado, controlado por el poder adquisitivo, y asignarles de una manera más igualitaria. Dicha asignación puede hacerse en forma directa a traves del Estado, ya sea gratuitamente o a cambio de una tasa módica, o puede darse mediante subsidios vinculados a la adquisición de determinados productos o servicios (por ejemplo, arrendamiento de vivienda). La formación escolar representa con mucho el ámbito más importante de una redistribución estatal a través de la descomercialización directa o indirecta, además de que constituye el aspecto más importante de una nivelación de diferencias de oportunidades al inicio de la vida individual en la economía de mercado.

El tercer aspecto central de la corrección estatal de resultados del mercado consiste en el financiamiento de bienes públicos y de otros servicios estatales a través de una tributación que se rija por el monto de los ingresos, el patrimonio y las cargas familiares.

El pago de un ingreso mínimo estatal a los que no ganan lo suficiente en el mercado, en el concepto de la economía social del mercado es una medida residual de redistribución, ya que el buen funcionamiento del mercado deberia limitar esta eventualidad a casos excepcionales (inhabilidad permanente de trabajo sin haber adquirido derechos de seguro social).

El modelo de la economía social de mercado marcó las pautas para la configuración del orden económico de Alemania occidental en cuanto a que el Estado a) por principio, renunció a asumir una actividad productiva así como a intervenir en la formación de precios en el mercado; b) tomó medidas para evitar monopolios y cárteles; c) asumió la responsabilidad para que básicamente todos los ciudadanos tuviesen una participación aceptable en el bienestar de la nación.

Estas decisiones básicas caracterizan a grandes rasgos tambien los regímenes económicos de las demás democracias occidentales aun cuando no se basaron en el modelo explícito de la economía social de mercado. Para definir sus sistemas económicos se suele hablar del Estado de bienestar occidental o también de la economía mixta. En cierta medida los dos terminos son más apropiados, por dos razones: 1. De hecho en todos los países altamente industrializados, incluso en aquel que se considera formalmente como "economía social del mercado", el Estado transgredió las premisas del proyecto de ordenamiento de la economia social de mercado en una medida nada despreciable. 2. En la realidad ciertas funciones estatales asumieron suma importancia que no están consideradas en el modelo de la economía social del mercado.

En la mayoría de los países Europeos occidentales, se cumplió en sentido amplio la promesa de la „prosperidad para todos". El estandard de vida de casi todos los ciudadanos aumentó muchísimo en los años 50 y 60. Aunque la distribución del ingreso y del patrimonio no se acercaba a una situación igualitaria, parece correcto decir que la clase obrera participaba plenamente en la creciente riqueza de la nación. Muchos bienes del consumo antes considerados de lujo, como en particular el automóvil, pero también toda la gama de los bienes electrodomésticos, los aparatos básicos de telecomunicación o el viaje de vacaciones al extranjero llegaron al alcance de la gran mayoría del pueblo. En un sentido objetivo, la estructura de clases como rasgo esencial del sistema capitalista no se eliminó, pero retrocedía mucho como factor sobresaliente de la vida social, tanto en el discurso político como en la conciencia de los trabajadores. Tampoco se eliminó por completo la pobreza, pero ella se redujo hasta tal grado que se debía verla como resultado de coincidencias muy específicas en la vida individual.

En los años 70 se producía un deterioro paulatino pero prolongado y cumulativo en la situación social de casi todos los países Europeos occidentales. Comenzaba a reaparecer la pobreza en escala más grande. Al mismo tiempo los gastos del sistema de seguro social con sus varios mecanismos llegaron a porcentajes del PIB cada vez más altos.

Este deterioro pone de relieve el ingrediente central de la prosperidad de masa que había logrado a crear el „capitalismo civilizado" de la etapa de la posguerra en los países altamente industrializados: el empleo a salarios relativamente altos que había para casi toda la población llamada „económicamente activa". Tanto el derecho al consumo individual corriente como el derecho al consumo después de la vida „activa" o en caso de enfermedad o invalidez permanente se adquiría y sigue adquiriendose a través del trabajo asalariado. Que (casi) toda la gente activa encuentre trabajo asalariado y que los salarios en general alcancen para un nivel de consumo no demasiado por debajo del promedio nacional, ésto se basaba en la escasez de la mano de obra. Esta escasez de mano de obra era el factor clave de la „prosperidad para todos" en aquellos años que hoy son llamados los „dorados". Asimismo, el resurgimiento de la probreza después de la época „dorada" tiene su raíz en la creciente abundancia de la mano de obra.

Esta abundancia tenía dos consecuencias diferentes, según el contexto en el cual se producía.. En países con un mercado de trabajo poco regulado ella dió origen a muchos empleos con salarios muy por debajo del promedio nacional. Además ejercía presión sobre el nivel general de salarios en gran parte de la economía. El ejemplo más notable de este tipo de reacción son los Estados Unidos. En países con un mercado de trabajo altamente regulado y poco flexible, como regía y sigue rigiendo en la mayoría de los países Europeos, la abundancia de la mano de obra llevaba al desempleo cada vez más amplio. También dió origen a un mercado de trabajo secundario al margen del mercado oficial regulado. Aparecían cada vez más fuentes de trabajo de duración limitada, amenudo a cuenta propia, en parte ilegales, que no llevan derechos a la seguridad social y que en gran parte pagan una remuneración muy baja.

Tanto la apertura de los salarios hacia abajo como el desempleo en gran escala tenía el efecto de que una parte significativa y creciente de la población se ve relegada a un nivel de consumo material completamente desligado de la riqueza que la economía nacional genera año tras año. En Alemania como en muchos otros países capitalistas avanzados hay esquemas de subsidios financieros para aquellos cuyo ingreso queda por debajo de un monto determinado. Ésto les protege contra la miseria, pero no contra la pobreza si ella se define en relación al ingreso nacional per capita. Las definiciones oficiales que se aplican para fines estadísticos y la determinación de los subsidios son, por lo general, demasiado estrictos para reflejar la deprivación social, el sentido de exclusión, que va acompañado con la extrema austeridad personal o familiar en una sociedad afluyente y que va acompañado con el desempleo prolongado en una „sociedad de trabajo", aunque no se sufra hambre y no falten servicios médicos etc. Esta deprivación ha venido a afectar cada vez más personas, no obstante de que parte de los desempleados trabajen ilegalmente a cuenta propia u otros reciban subsidios de su familia.

¿Cuál es la causa de la abundancia creciente de la mano de obra en los países capitalistas avanzados? Factores demográficos y especialmente la incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo han jugado un papel. Pero el factor decisivo es otro. El mercado de trabajo en la sociedad industrial está contínuamente expuesto a una doble dinámica. El aumento de la productividad reduce la demanda por horas trabajadas, el aumento de la producción hace crecerla. En la época „dorada" el aumento de la producción ha sido tal que encontró sus límites en la productividad, vale decir en la mano de obra disponible. Varios países Europeos importaron mano de obra de países donde ella todavía abundaba, para mantener el ritmo del crecimiento económico.

A partir de la coincidencia de varias crisis a comienzos de los años 70 el aumento de la producción se redujo drásticamente en toda la OCDE con la excepción de Japón que llegó a sufrir esta experiencia unos diez años más tarde. El aumento de la productividad también se retardeció, pero no tanto como neutralizar el efecto que tenía el aumento más lento de la producción sobre el mercado de trabajo. Desde los años 70 el crecimiento económico ya no alcanzaba para mantener a lo largo una demanda por horas trabajadas suficiente para absorber, dentro de las pautas regulativas vigentes, la creciente oferta de mano de obra en puestos de trabajo bién remunerados.

Hay varias teorías que tratan de explicar la disminución brusca del crecimiento económico por todo el mundo occidental. Apuntan

• a la política monetarista que no considera suficientemente la demanda

• a las tendencias de saturación de la demanda y la creciente inclinación hacia el ahorro, ambos efectos de la prosperidad cada vez más alta

• al efecto inflacionario que tiene la expansión de la demanda en una situación caracterizada por una oferta cada vez menos flexible, debido a una cumulación de regulaciones y al poder creciente de grupos de presión rentistas

• a la atractividad disminuída de la inversión productiva en un mercado financiero deregulado y por ende dado a la actividad especulativa.

No es aquí el lugar de discutir estas teorías. Sólo cabe anotar que hoy se reconoce que el alto crecimiento prolongado de los primeros decenios de la posguerra correspondía a un período extraordinario en la historia del desarrollo capitalista y era basado en un síndrome de factores interdependientes que - una vez discompuesto - resulta muy dificil de reconstituir. El bienestar de masas que generó el síndrome se debía, por un lado, a su dinámica acumulativa y productiva y por el otro, a su elevada resistencia a las crisis. Consistía en la conjunción de una producción relativamente estandarizada, una demanda creciente de masas, una tasa alta y estable de inversiones, y un creciente nivel salarial, hecho posible a su vez por una productividad creciente. El síndrome producía un rápido crecimiento económico que facilitaba el (casi) pleno empleo a pesar del crecimiento rápido de la productividad. En el pleno empleo se basaba a su vez la efectividad del estado de bienestar.

Las condiciones políticas del funcionamiento del síndrome eran: una fuerza laboral con alto poder de negociación, una política económica enfocada a la estabilidad del ciclo económico, la seguridad social efectiva para minimizar conflictos y para estabilizar adicionalmente la demanda. Estas condiciones se establecieron, entre otras razones, gracias a que los empresarios y dueños del capital las aprobaron por interés propio. En este contexto a veces se suele hablar de un consenso de o un arreglo entre las clases.

Posiblemente debe mencionarse como otra condición funcional de tipo político la liberalización del comercio exterior con la finalidad de crear un sistema de intercambio económico amplio y viable. Porque este síndrome poíticamente estabilizado de reforzamiento mutuo de producción, ingreso, demanda e inversión caracterizó a todo el mundo de la OCDE en su conjunto, pero no necesariamente a cada uno de los países. La economía germano-occidental, en particular, se integró a este gran circuito de la OCDE con una marcada orientación hacia la demanda externa.

El concepto de la economía social del mercado no tiene palanca analítica alguna para la comprensión del síndrome del crecimiento fuerte vigente hasta los años 70. Por lo tanto, tampoco tiene una receta para su reactivación. La demanda agregada no tiene lugar en su edificio teórico. El concepto ni siquiera se daba cuenta de que el funcionamiento relativamente bueno de la economía social del mercado en la realidad dependió esencialmente del crecimiento económico fuerte. Con respecto a éste, las ideas que él puede ofrecer se derivan de manera poco específica de la fé en el mercado. Coinciden con el canon neoliberal: libertad para las fuerzas de la demanda y la oferta, menos asfixionamiento por una regulación excesiva, incentivos al ahorro para facilitar la acumulación de capital productivo, estabilidad monetaria par no distorsionar los señales del mercado. Con todo ésto se asocia la esperanza de que se redinamice la economía, lo cual sin duda facilitaría el control de la pobreza. Pero por hoy, después de 25 años de reducido crecimiento esta esperanza ha llegado a ser modesta. En Europa parece consenso a través de las diversas afiliaciones ideológicas que no se podrá volver al pleno empleo solamente mediante un crecimiento económico más fuerte.

¿Significa ésto que el concepto de la economía social del mercado haya fracasado? Hay que ver claramente que la esencia del concepto no es una solución determinada a los problemas sociales de la economía capitalista sino más bién la proposición que el mercado es un instrumento cuyo aplicación debe ser subordinada al objetivo de una sociedad „buena": libre, justa y responsiva las demandas de sus indivuos integrantes. De esta proposición se deriva el imperativo político de corregir los resultados del mercado en caso de que no correspondan al objetivo de la sociedad „buena" o incluso de intervenir en el mercado para inducirle a producir los resultados deseados. La economía social del mercado es un concepto normativo, no analítico.

La pregunta entonces es, cómo cumplir en las circunstancias de hoy con el imperativo social, cómo asegurar de nuevo la prosperidad para todos. La solución más deseable desde varios puntos de vista - aunque tal vez no del ecológico - sería el retorno a las altas tasas de crecimiento económico que regían en los años 50 y 60. Esta solución también correspondería mejor a la inercia intelectual e institucional. Pero la esperanza de poder volver realmente al crecimiento rápido de la „época dorada" se ha evanecido tanto en el campo conservador-neoliberal como en el campo social-demócrata. No obstante, en el discurso político sobre el desempleo selo atribuye un papel central a la re-dinamización de la economía. La linea argumentativa implícita que domina el discurso es la siguiente: „Aunque el crecimiento económico no va a alcanzar para solucionar nuestros problemas sociales, sin crecimiento más rápido no va a haber ninguna solución. Por lo tanto, tiene prioridad el crecimiento." A esta idea básica de producir más para crear puestos de trabajo le da un accento special el discurso de la competitividad: ¡competir mejor para crear puestos de trabajo! Pero mientras que se concentra la atención política en el imperativo supuestamente incondicional „crecimiento/competitividad" ella queda distraida del problema social y de las opciones que hay para solucionarlo en el contexto del crecimiento lento a largo plazo. Para algunos la distracción es bienvenida, para otros ella corresponde más bién a una actitud de avestruz: Meten la cabeza en la arena de los problemas inmediatos, „urgentes" y presumiblemente manejables, prefiriendo de esperar que la amenaza de la desintegración paulatina de la sociedad pase de algun modo milagroso.

El problema central a solucionar es: ¿cómo dar a la „prosperidad para todos" un nuevo fundamento, ya que el anterior no la soporta más? Pero, por lo menos en Europa, el debate público no acepta esta pregunta como enfoque. Se puntualiza el problema del re-establecimiento de la base perdida, vale decir del crecimiento económico rápido, o el empleo como fin en sí y no como una medida de asegurar un ingreso „aceptable". Así es posible proponer soluciones fuera del control político o soluciones que en verdad solamente transforman la manifestación del problema. El segundo tipo incluye la admisión de una caída de los salarios reales y de una erosión de los derechos del trabajador. De este modo se podría reducir el desempleo, pero el problema de la marginalización se quedaría. Parte de la sociedad se quedaría excluída de una participación aceptable en el bienestar de la nación.

Sin embargo, la marginalización social no es destino inexorable del capitalismo una vez que se haya terminado la época extraordinaria de aquellos decenios „dorados" que seguían a la Segunda Guerra Mundial y hayan vuelto tiempos más normales en cuanto al crecimiento económico. La prosperidad para todos, que el concepto original de la economía social del mercado había prometido, es factible también en tiempos de crecimiento económico lento o incluso estancado. Pero ésto requiere mayores ajustes institucionales. Se ofrecen dos caminos principales:

• intervenir en el mercado de trabajo con el fin de asegurar la escasez de la mano de obra

• desvincular en parte la asignación de ingresos del mercado de trabajo.

La adaptación del mercado de trabajo para asegurar la escasez de la mano de obra - base del precio relativamente alto que ella consigue en este mercado - puede conseguirse a través de dos estrategias. Una consiste en una adjudicación más igualitaria del total de horas de trabajo demandadas (y remuneradas) entre los miembros de la fuerza laboral, vale decir la gente capaz de y dispuesta a trabajar. La segunda estrategia proporciona empleo público, financiado con recursos tributarios, absorbiendo así la cantidad de mano de obra que sea necesaria para llegar a la escasez deseada en el mercado de trabajo.

Como alternativa a la escasez más o menos artificial de la mano de obra se puede darles un ingreso adicional a aquellos trabajadores que reciben una remuneración demasiado baja en el mercado laboral libre. Este ingreso adicional podría provenir del Estado, quien lo financia mediante impuestos, o de un patrimonio que se adjudica a todos los ciudadanos.

Es facil de apreciar que cualquiera de las estrategias indicadas requiere una redistribución significativa o del ingreso o del patrimonio. En el caso de la redistribución de las horas trabajadas son los „poseedores" de empleo los que tienen que brindar sacrificios. Tienen que soportar recortes salariales, ya que la redistribución del trabajo implica la redistribución del total de los salarios ligado al monto total del trabajo. En los casos del aumento del empleo público y del ingreso adicional pagado por el Estado son todos los ciudadanos, incluyendo la gran mayoría de los trabajadores, que debe pagar más impuestos, aunque parte de estos impuestos adicionales será devuelto en forma de servicios y bienes públicos adicionales (producidos por los empleados públicos adicionales) o de bienes y servicios privados más baratos (asociados a los salarios bajos en el mercado de trabajo deregulado).

Son estos costos redistributivos que hasta ahora han hecho todas las opciones poco atractivas para la política y las han excluído del discurso político. La redistribucion dentro de la "clase obrera" que estas opciones implican, es especialmente difícil de legitimar si al mismo tiempo se registra una cuantiosa redistribución de los ingresos salariales hacia los ingresos procedentes de patrimonio y actividad empresarial. Si bién sería posible aumentar los impuestos sobre tales ingresos, ésto tendría que limitarse a la economía doméstica. Fútil sería el intento de reducir mediante impuestos la rentabilidad de la empresa privada. Ésto sólo llevaría al éxodo del capital privado si las empresas no logran de defender su tasa de rentabilidad a través de precios más altos o/y una depreciación de la moneda nacional (lo cual sería una manera de socializar los costos asignados a la empresa privada). En la economía globalizada de hoy el capital es bastante imún a la redistribución.

Esta imunidad del capital reduce también las posibilidades para la estrategia distributiva que sería la más compatible con la economía del mercado, vale decir la participación de todos los ciudadanos en el patrimonio nacional así que se relativice la importancia del ingreso salarial y se pueda dar plena libertad al juego de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Si se lograría ésto ya no haría falta ni la intervención en el mercado de trabajo ni una mayor corrección (mediante impuestos) de los resultados distributivos del mercado. ¿Pero cómo redistribuir el patrimonio en gran escala sin expropiar los capitalistas de hoy? Parece que en este punto se les ofrece una oportunidad histórica a los países en transición del socialismo al capitalismo. En la medida que todavía no hayan privatizado las empresas, los immuebles y el terreno nacionales tienen la posibilidad de transferirles a fondos que pertenecen a todos los ciudadanos. A lo largo estos fondos, puesto que sean exitosos en el mercado, podrían pagar dividendos a sus dueños y así realizar la idea de un „capitalismo popular" que ya habian vislumbrado los padres de la economía social de mercado. Sin embargo, la coyuntura ideológica no parece propicia a un examen serio de tal opción.