• IV. EL MUNICIPIO Y SU AUTONOMIA
  
  

IV. EL MUNICIPIO Y SU AUTONOMIA

Los primeros indicios de la organización de los gobiernos locales, datan desde el imperio romano. Estos asumieron competencias muy parecidas a la de los municipios modernos, como es la prestación de servicios básicos y la recaudación de tributos.

Algunos historiadores afirman que su propagación como forma de organización comunitaria fue el resultado de una estrategia militar para conquistar nuevos territorios y consolidar la permanencia y dominio en las nuevas colonias.

Esta estrategia les permitió a los romanos conquistar gran parte de Europa y el cercano Oriente. Los españoles utilizaron esta forma de organización para recuperar los territorios españoles ocupados por los moros, consolidarse como nación y conquistar el nuevo continente.

Los niveles de autonomía municipal han variado, desde la colonia hasta nuestros días. Una constante ha sido, que cuando los gobiernos centrales se consolidan y son fuertes, las municipalidades pierden autonomía.

A inicios de la conquista, la corona española necesitaba de municipios que facilitaran la colonización de las nuevas tierras y proporcionó a los primeros colonizadores un alto grado de autonomía sobre los territorios conquistados. En la medida que el Imperio Español se consolida y hace sentir más su autoridad por medio de los Regidores, los municipios pierden gradualmente autonomía. Esto profundizó las contradicciones entre criollos y peninsulares hasta desembocar en la independencia de España.

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Con la independencia, los municipios alcanzan según historiadores, los niveles de autonomía más altos en la historia, al no contarse en ese tiempo con un Estado Nación, todos los asuntos públicos estaban en manos de las autoridades locales. En ese período prevalecen los intereses de cúpulas y caciques locales, llevándonos a las guerras entre los dos municipios más fuertes, León y Granada.

A finales del siglo pasado y comienzos del presente, el gobierno liberal de José Santos Zelaya reconoce la autonomía municipal, pero la subordina a los intereses nacionales y traslada algunas funciones que estaban en manos de la iglesia a los gobiernos locales, como el servicio de cementerios y el registro civil de las personas. Con Somoza, en la segunda mitad de la década de los 30, las municipalidades pierden parte de su autonomía, al suprimirse la elección de sus autoridades por voto popular. Se genera todo un desarrollo económico, pero se generan también problemas estructurales de redistribución de los ingresos, causando problemas sociales que desembocan en conflictos políticos.

Al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, las Juntas de gobierno municipales fueron electas en asambleas de pobladores de forma directa y asumen una gran cantidad de funciones y competencias en casi todos los ámbitos de la vida social y económica en sus localidades.

Estas funciones se fueron perdiendo en la medida que el gobierno sandinista fue creando una gran cantidad de Ministerios e Instituciones Gubernamentales con una fuerte presencia en todo el territorio nacional, reduciendo la autonomía política y económica de las municipalidades.

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En 1987 se inicia un proceso de "compactación" del aparato estatal y se produce un redescubrimiento de las municipalidades; producto de esto, se elabora la Ley 40 (Ley de Municipios), la cual recoge por primera vez un concepto de autonomía municipal y define la participación de los gobiernos locales en las gestiones del sector público.

En el gobierno de Doña Violeta Barrios se continúa con la reducción del Estado. Las municipalidades pasan de ser prestadoras de los servicios municipales básicos, a asumir de hecho competencias propias del gobierno central en salud, educación, cultura, deporte, agua, energía eléctrica, etc., sin contar con transferencias financieras del gobierno. Así mismo se comienzan a experimentar algunas iniciativas de promoción al desarrollo local, algunas de ellas con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

La tendencia nos indica que el proceso de municipalización y los niveles de autonomía se incrementarán en los próximos años. Esta afirmación la hacemos en base al análisis histórico de Nicaragua, entre algunas de las condiciones que favorecen este proceso destacan:

• Se cuenta con una Constitución Política reformada en 1995, que equilibra mejor el peso de los diferentes poderes del Estado, reconoce la Autonomía Municipal y obliga a la Asamblea Nacional a destinar un porcentaje del Presupuesto de la República, para fortalecimiento de los Municipios con menores ingresos.

• Se cuenta con una Ley de Municipios reformada en 1997, que define bien el concepto de Autonomía, le asigna competencias muy amplias a los Municipios y establece el rol de liderazgo de la Autoridades Locales en el Territorio.

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• La implementación de las Políticas del ESAF, que comprometen al Gobierno Central a seguir reduciendo el Aparato Estatal y disminuyendo su presencia en los Territorios Municipales.

• La necesidad de realizar inversiones sociales y productivas en todo el país, con un fuerte impacto social, principalmente en los lugares más empobrecidos. Algo que solo se puede lograr involucrando a los gobiernos locales.

• La corriente descentralizadora promovida por muchas agencias internacionales.

Con lo anterior quisiéramos expresar, que el proceso de municipalización y de incremento de los niveles de autonomía municipal, ha sido un proceso forzado, lo que significa que muchas competencias que hasta finales de los años ochenta eran responsabilidad exclusiva del gobierno central, han sido transferidas de hecho a los municipios. Es decir, los gobiernos locales, deben impulsar planes, programas y proyectos para solucionar los problemas más sentidos de sus habitantes y dar respuestas a las crecientes demandas en servicios a la población.

Para ello, se requiere que los municipios y sus gobiernos aprovechen de manera inteligente los espacios brindados por las Leyes para fortalecer su autonomía e incidir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, ante el abandono por parte del gobierno central.